mayo 2010

A propósito del proceso penal contra empresarios palmicultores aliados con paramilitares. Con protección estatal, veinte mil hectáreas de tierras ancestrales de las comunidades negras fueron intervenidas por los palmicultores en el Urabá chocoano. Para lograrlo, contaron con el apoyo de los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas, quienes asesinaron a 120 campesinos y desplazaron a más de dos mil.

Los promotores del Referendo señalan como culpables de impedir que el pueblo colombiano decida sobre el derecho humano al agua, contra la privatización del servicio público de acueducto y a favor de la protección del ciclo hídrico: En primer lugar, al Gobierno del Presidente Uribe, el cual se empeñó, desde que se inició el trámite hace diecinueve meses, en hundir la iniciativa popular, para lo cual usó e impuso a su bancada, mayoritaria en el Congreso. En segundo lugar, a la gran mayoría de los parlamentarios pertenecientes a los partidos uribistas que cumplieron obsecuentemente los mandatos de su jefe. En tercer lugar, a los intereses económicos que se mueven en el negocio del agua y que actuaron tras bambalinas, pero en todo momento, en contra del referendo y de la voluntad popular.

"La comunidad de La Toma (Suárez-Cauca) es una de las que aparece como un caso emblemático en el auto 005 en el que la corte le ordenó al gobierno adoptar un conjunto de medidas para proteger a muchas comunidades de los rigores del desplazamiento y de los riesgos de ser desplazadas no sólo por la guerra, sino también por la implementacion de proyectos agroindustriales y mineros, entre otros". Dice en su carta el dirigente Carlos Rosero. Transcribimos la carta de respuesta a la invitación para la conmemoración del día de la afrocolombianidad

Aproximadamente a las seis de la tarde del día 18 mayo de 2010, luego de ser bajado de la moto en que se desplazaba en el camino hacia su residencia en la Finca "El Alemania", fue asesinado por un grupo de hombres encapuchados que vestían de negro, el líder campesino y defensor de los derechos humanos, integrante del Movice Capítulo Sucre, Rogelio Martínez.

“Se calcula que hoy hay en Colombia unos 400 mil campesinos con menos de 50 vacas, y de esos la mitad tiene menos de 10 vacas, y todos van a quedar en la ruina. Igual pasará con el pollo, la carne, las autopartes de vehículo, los productos en cuero que nos vienen de Italia y Portugal, por poner un ejemplo”, a propósito de la firma del TLC con la Unión Europea.

Diferentes organizaciones defensoras de DDHH, jurídicas y personalidades, cuestionan al Presidente Uribe en sus funciones para postular candidatos a Fiscal General de la Nación, toda vez que su elección de 2002, ha sido salpicada por las versiones libres de los jefes paramilitares. Esta situación, según la ley, lo impide debido a que tiene intereses personales y directos en las designaciones.

La Fiscalía profirió medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra de 24 presuntos responsables del desplazamiento forzado de afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y de la invasión de tierras en esa zona del Bajo Atrato (Chocó), entre 1997 y 2001.

La organización estadounidense WOLA y otras 80 ONG en Derechos Humanos denunciaron hoy amenazas de muerte al parecer realizadas por las Águilas Negras, herederos de los antiguos paramilitares.

Como consecuencia de la fiebre del oro, estimulada por los ojos ciegos y oídos sordos de un gobierno débil y corrupto, se está muriendo el río Dagua. Se puede comprobar en un corto viaje de Cali a Buenaventura para ser testigo de este desastre ambiental. Son más de 20 km destruidos por cerca de 300 retroexcavadoras que laboran día y noche.

Los votantes del referendo, quieren alertar a la comunidad nacional e internacional que el proyecto de reforma constitucional en defensa del agua como derecho humano fundamental y bien público se encuentra en peligro. Luego de 18 meses, la iniciativa popular de reforma ve como se terminan los términos para su trámite debido a que la aplicación directa de la norma constitucional impide que un proyecto de ley sea considerado en más de dos legislaturas.