En defensa de los derechos humanos y comunitarios en
el Pacífico Colombiano

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octubre 2015

COCOMACIA resiste contra viento y marea

JULIETTE SCHELEBUSCH (JS). El 10 de septiembre de 2015 el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, breve COCOMACIA, ganó el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. El premio, una iniciativa de la organización sueca Diakonia, fue otorgado por cuarta vez desde el 2012 como un homenaje a quienes defienden los Derechos Humanos en este país y muchas veces ponen en peligro sus propias vidas. COCOMACIA fue honrado en la categoría “organización con larga trayectoria”, reconociendo el camino que ha recorrido codo a codo con las comunidades del medio Atrato desde los años ochenta. Juliette Schlebusch (JS) habló con William Rivas (WR) asesor jurídico de COCOMACIA sobre la lucha de resistencia y reivindicación de derechos que han hecho contra viento y marea.

Receta para elaborar una legislación para el saqueo

FRANCISCO RAMÍREZ CUÉLLAR. Tener conciencia que nuestros recursos naturales no son infinitos, que nos lo ha dado el creador para que nos podamos desarrollar y gozar de ellos con mesura, racionalidad, sin llevarlos al agotamiento y entendiendo que cada región tiene los recursos que necesita para su desarrollo, no más ni menos, eso es algo que los gobiernos y empresas de los llamados países desarrollados nunca han entendido, ni han querido entender.

La senadora María Fernanda Cabal amenaza a líderes del bajo Atrato – ASCOBA

COMUNICADO. La congresista María Fernanda Cabal del CENTRO DEMOCRÁTICO sigue mostrando el cobre y develando a qué señores sirve: Y son todos aquellos empresarios que se enriquecieron con la guerra escudados en el paramilitarismo. Tal es el caso que quiere defender ahora en Riosucio, Chocó, señalando y poniendo como carne de cañón de los paramilitares que áun controlan ese municipio, a líderes negros que representan a la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato - ASCOBA, y el Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó. A continuación transcribimos el comunicado de estas dos organizaciones, las cuales tienen como única defensa el derecho y su palabra.

La población negra de Colombia: Grupos étnicos, sectores de continuidad cultural y sectores no étnicamente diferenciados

Betty Ruth Lozano Lerma

La situación de dispersión organizativa de la población negra1, que le ha impedido una movilización política eficaz en la reivindicación de sus derechos, me ha llevado a preguntarme por el origen de dicha dispersión y a tratar de colocarla en una perspectiva histórica y filosófica que permita superar una visión homogenizante. Desde tal visión, pudieran hacerse demandas de unidad tomando como referente exclusivo el color de la piel y los rasgos fenotípicos, y como referente organizativo a los indígenas, que han sido vistos como el modelo de la etnicidad tanto por algunos antropólogos y otros intelectuales como por las mismas instituciones del Estado.

Parto de la afirmación de que el conjunto de todos los negros y las negrasno puede comportarse como un colectivo con identidad étnica que comparte los mismos supuestos socio culturales, dado que en Colombia estos individuos constituyen una población diversa, no sólo porque proceden de un continente, África, con diferentes nacionalidades y que fueron insertos en América y especialmente en Colombia en distintas situaciones, sino también porque hay variaciones y particularidades que hacen diversos los procesos históricos a los que se vio y se ve enfrentada la población negra desde su llegada al continente.

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Nuevo ciclo histórico de invasión de los territorios de pueblos indígenas.

PRONUNCIAMIENTO DE LA RED LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA JURÍDICA (RELAJU). Los Estados vienen imponiendo megaproyectos extractivos (mineros, petroleros, forestales), de energía e infraestructura (represas, eólicos, carreteras), monocultivos, siembra de transgénicos, en los territorios de los pueblos indígenas y afrodescenientes, sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado. Los Estados autorizan estudios de impacto socio-ambiental que presentan las empresas, ocultando los daños que los proyectos producen a la los pueblos y a la Madre Tierra.