Actualidad

SEMANA.COM. Las denuncias del concejal y pastor evangélico Stalin Ortiz en torno al desfalco de la salud en Buenaventura podrían ser la clave para desentrañar su muerte y la forma como la corrupción, la mafia y la política destruyen el principal puerto de Colombia.

VERDADABIERTA. La Sala de Justicia y Paz de Medellín pidió a la Fiscalía un informe sobre las investigaciones a funcionarios, policías, militares civiles y narcos, que apoyaron y protegieron a las Auc en el Chocó.

ALFREDO MOLANO JIMENO. La degradación del conflicto que se vive allí, las espantosas tipologías de su violencia y la enorme brecha social que separa a una minoría acomodada de una mayoría pobre, miserable y desempleada inspiran tristes frases, como la del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “El nivel de pobreza de la población de Buenaventura es una vergüenza para un país que, como Colombia, tiene dinero”.

ALFREDO MOLANO JIMENO. San José es el barrio más pobre de Buenaventura. Está situado entre el mar y la principal calle de la zona turística, comercial y administrativa de la ciudad. No tiene agua potable, ni alcantarillado, ni luz. A pesar de ser histórico, ha sido declarado ilegal. Allí se siente la verdadera Buenaventura, donde la pobreza es una regla generalizada, pero no tan fuerte como para cercenar la alegría de este pueblo bailador. Huele a basura, a heces y a droga. “Estos territorios son nuestros, se los ganamos al mar. Toda la vida los ricos de Buenaventura dijeron que este era el barrio más pobre, el más miserable, y ahora resulta que lo quieren”, dice un pescador.

Los indígenas que habitan la carretera Quibdó-El Carmen de Atrato, se vieron nuevamente obligados a tomarse la carretera desde el 9 hasta el 13 de febrero. La Comunidad del 18, en donde se encuentra desplazada la comunidad del 90, es el centro de la protesta. Exigen el cese de las agresiones del ELN y el cumplimiento de los acuerdos realizados con el gobierno municipal, departamental y nacional.

ELTIEMPO.COM. En un fallo sin antecedentes, un juez de Tierras acaba de suspender hasta por seis meses las licencias, concesiones y estudios para otorgamiento de permisos mineros en las más de 50 mil hectáreas que conforman los territorios indígenas de los embera katío del Alto Andágueda. A través de una medida cautelar de carácter preventivo, el Juez protegió el 80 por ciento de este territorio colectivo, que está en riesgo de ser ocupado por terceros para la explotación de oro. Esta decisión afecta, entre otras, a la AngloGold Ashanti que posee siete licencias.

A lo largo del presente año, los municipios de Riosucio y Carmen del Darién han sido focos de diferentes manifestaciones de violencia por parte de los grupos armados ilegales, que operan tanto en el casco urbano como en las zonas rurales. Ello ha generado un ambiente de inestabilidad y temor constante en el día a día de la población.

COCOCAUCA. El ejército retuvo de forma arbitraria a Arison Candelo y Eberto Riascos el día 13 de febrero de 2013 alrededor de la una de la tarde en sus propias casas de la comunidad Calle Larga- Consejo comunitario de Mamuncia, distante a 30 minutos del área urbana de López de Micay. Las dos personas retenidas se dedican a actividades productivas del campo como agricultor y motosierrero (labrador forestal).

SEMANA.COM. La semana pasada dos desesperados llamados sacudieron a Colombia. “El abandono de Buenaventura es una vergüenza nacional”, dijo monseñor Héctor Epalza, obispo del principal puerto del Pacífico, en una sentida queja por la situación de violencia que vive la ciudad. Contó que solo en el mes de octubre hubo 32 balaceras y que en lo que va de este año ha habido 25 asesinatos, diez de ellos en una masacre.

Los paros armados de la guerrilla en el Chocó se han vuelto un común denominador. En menos de un año ya van cuatro y el saldo para las personas civiles continúa en rojo. Nuevamente los altos mandos militares los desestiman, pero para los chocoanos es una realidad que enfrentan a menudo.