diciembre 1969

PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA. Los municipios de Olaya Herrera y Mosquera en Nariño, continúa padeciendo el espiral de violencia. Los grupos armados se han tomado sus ríos y las cabeceras municipales: atentados, masacres, desparecidos, heridos y feminicidios. La gente se pregunta, ¿cuál es el papel de la fuerza pública y la fiscalía en esta región?

SEBASTIÁN JIMÉNEZ HERRERA. Para los desaparecidos , no ha habido millones de personas marchando por ellos, apenas cientos, los que sufren en carne propia esta tragedia. “La sociedad y el Estado nos han dado la espalda, nos han invisibilizado”, comenta Gloria Gómez, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes)

JAIME AROCHA. Para la magistrada auxiliar Clara Elena Reales persiste la percepción errónea e inconsciente de que las selvas tropicales húmedas son ricas en recursos naturales, pero vacías de ciudadanos. Exofilia es esa práctica simultánea de excluir e incluir.

ELESPECTADOR.COM. En una carta enviada al Gobierno Nacional y a los organismos estatales encargados, la Procuraduría General solicitó la ejecución inmediata de un esquema de protección especial para las personas que participan en el proceso de restitución de tierras.

SEMANA.COM. Raúl Hasbún fue miembro de la cúpula de las AUC, mano derecha de Vicente y Carlos Castaño y además fue el cerebro de la estrategia de financiación de las autodefensas en Urabá. Para esto sirvió de enlace con el gremio bananero y utilizó las Convivir como fachada para que los empresarios le dieran plata a los paramilitares. Como hasta ahora se han documentado los nexos del paramilitarismo con la política y con las fuerzas militares, pero no con sus financiadores, el testimonio de Hasbún se convierte en el primer ventilador de la paraeconomía.

Pronunciamiento de la Diócesis de Apartadó, encabezada por su obispo,monseñor Adriano Piedrahita, sobre los hechos violentos en el bajo Atrato, principalmente en los municipios de Carmen del Darién y Riosucio (Chocó). Hace un llamado al gobierno nacional para que garantice la seguridad de los campesinos en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras

CARLOS ALBERTO GIRALDO. He tenido la oportunidad de estrechar, aquí en la tierra, las manos de Dios. Y también sé que Él existe porque conozco su obra en la tenacidad de tres sacerdotes a quienes considero mis maestros y amigos: Leonidas Moreno, Antún Ramos y Uli Kollwitz. A lo largo de dos décadas de periodismo los he tropezado por los caminos de Urabá y Chocó. Siempre con la gente, siempre firmes, siempre entregados a su obra por los colombianos de la periferia, que no son pobres ni débiles.

La Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Guapi, preocupada por la situación de violencia y muerte, suplica afanosamente se busquen los medios para calmar esta ola de violencia y muerte que está sacudiendo a esta población y que pone a todos en un eminente peligro.

El gobierno nacional a través del ministro de Transporte ha señalado a los indígenas de "aparecidos" y “perversos”, dejando entrever que las comunidades indígenas son un estorbo para el desarrollo del país y alentando a la discriminación, señalamientos y persecución contra los pueblos indígenas. Por su parte, las organizaciones indígenas solicitan una reunión con el presidente Santos para exigir el cumplimiento de acuerdos, sentencias y legislaciones en favor de los indígenas

ALFREDO MOLANO BRAVO. Como es bien sabido, toda ley aprobada por el Congreso debe pasar a revisión de la Corte Constitucional; aquellas que tienen que ver con comunidades negras e indígenas deben cumplir un requisito previo, la consulta libre e informada sobre los efectos de las normas.