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Los paramilitares instituidos en el medio Atrato chocoano y antioqueño, a pesar de las denuncias efectuadas por distintos organismos no gubernamentales y sociales, arremeten ahora contra los equipos misioneros de la Diócesis de Quibdó. Como es ampliamente conocido, el trabajo de esta diócesis es de compromiso con las víctimas del conflicto armado, efectuando un trabajo sistemático de solidaridad y denuncia. A continuación el comunicado:

LA SILLA VACIA. En las plazas de mercado de Buenaventura los paramilitares están cobrando vacunas a los vendedores que ya han pagado una sobretasa a los distribuidores. El plátano, la leche, el queso y el pollo se encarecieron por cuenta de los armados.

AGENCIA PRENSA RURAL. Las batidas en calles o lugares públicos quedan abolidas por orden de la Corte Constitucional. Esta práctica implica incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el artículo 28 de la Constitución.

En una pobado que no supera los 13 mil habitantes, conviven la Armada, la Policía, Águilas Negras, Los Rastrojos, las FARC y delincuentes. Igual situación vive Guapi y Timbiquí en el Cauca. ¿Incapacidad estatal? La situación de Bocas de Satinga es verdaderamente preocupante.

REGIONAL COCOCAUCA. “Acabaron con todo el maíz que era pa´ comé en Semana Santa”, fueron las palabras de una humilde mujer del Consejo comunitario de comunidades negras del Alto Guapi, después que las avionetas abrieran sus aspas para matar la vida el día 2 de abril de 2012.

DIÓCESIS DE QUIBDÓ, FUCLA, HREV. El Estado colombiano mostró su absoluta indiferencia ante la situación de las víctimas civiles del conflicto armado en el Chocó al no asistir al Foro “Bojayá, una década” celebrado en Bogotá el 27 de abril, en el Museo Nacional. Tan sólo la Unidad de Víctimas se sentó en la mesa con víctimas y organizaciones.

ASOCIACIÓN OREWA. 2.153 personas entre hombres, mujeres y niños fueron afectadas por los bombardeos. Se encuentran hacinadas en el colegio Luis Enrique Arce, lo cual también ha obligado a la suspensión de las clases. La explosión del bombardeo causó un impacto ambiental negativo contaminando la tierra, el caudal de los ríos y quebradas, destruyendo gran parte de los cultivos.

JUAN PABLO RUIZ*. La locomotora se le salió de las manos al gobierno: la extracción acelerada no le conviene a la Nación, pero sí a las mineras. La precariedad institucional y normativa quedaría intacta bajo el nuevo Código. El Ministro Cárdenas propone que las concesiones ya asignadas en los páramos y algunas reservas forestales se adelanten a costa de la sociedad colombiana.

La Corte Constitucional ha declarado inexequible la Ley 1518/ del 13 de abril de 2012, mediante la cual se aprobaba en Colombia el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), por no haber efectuado consulta previa a las comunidades indìgenas y afrocolombianas. Para la ONIC y demás organizaciones etnicoterritoriales, la sentencia es un triunfo del país que viene consolidando una plataforma de resistencia frente a las iniciativas de privatización de las semillas.

RADIO VATICANO. En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre nombró Obispo de la diócesis de Quibdò en Colombia al Padre Juan Carlos Barreto Barreto, del clero de la diócesis de Espinal, hasta ahora Rector del Seminario Mayor diocesano “La Providencia”.