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Como consecuencia de la fiebre del oro, estimulada por los ojos ciegos y oídos sordos de un gobierno débil y corrupto, se está muriendo el río Dagua. Se puede comprobar en un corto viaje de Cali a Buenaventura para ser testigo de este desastre ambiental. Son más de 20 km destruidos por cerca de 300 retroexcavadoras que laboran día y noche.

Los votantes del referendo, quieren alertar a la comunidad nacional e internacional que el proyecto de reforma constitucional en defensa del agua como derecho humano fundamental y bien público se encuentra en peligro. Luego de 18 meses, la iniciativa popular de reforma ve como se terminan los términos para su trámite debido a que la aplicación directa de la norma constitucional impide que un proyecto de ley sea considerado en más de dos legislaturas.

Ante las amenazas con grafitis de que ha sido objeto el p. Javier Giraldo de Cinep/Programa por la Paz, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, le ofrece protección estatal. Pero el sacerdote en una carta abierta, nuevamente es enfático en sus denuncias: "La única razón por la cual mi vida o seguridad pueden estar en riesgo, es la de denunciar violaciones graves de los derechos humanos fundamentales por parte de agentes directos o indirectos del Estado contra personas y comunidades en desprotección". Por su importancia, reproducimos la carta en su totalidad.

Redacción: Coordinación Regional del Pacífico Colombiano. La historia de los gobiernos de Colombia está signada por la entrega de los recursos mineros a las multinacionales. Tal es el caso de Timbiquí, municipio del Cauca, que ha padecido este lastre de la economía extractiva desde el año 1900, como lo denuncia el PALENKE MAYOR EL KASTIGO-ASOCIACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE TIMBIQUI, en un desesperado SOS por la defensa del territorio del Pacífico colombiano.

La Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Guapi en Colombia, se manifiesta ante los artefactos explosivos detonados, de los cuales ha sido víctima la población de Guapi. Así mismo, hace un llamado para respetar el derecho a la vida, a la paz y a la tranquilidad.

Fotos y redacción: Coordinación Regional del Pacífico. Los municipios de Bojayá-Chocó y Vigía del Fuerte-Antioquia, ubicados en el medio Atrato, han completado este siete de mayo, ocho años de toque de queda, decretado por la fuerza pública de seis de la tarde hasta las seis de la mañana, que sin embargo, no ha evitado la presencia paramilitar en los cascos urbanos, ni de la guerrilla en los ríos afluentes del Atrato.

La semana del 3 al 8 de mayo ha sido intensa en la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano. Alrededor de 50 personas han participado en talleres de comunicación y de Sistemas de Información Geográfica en Quibdó (Chocó) y Cali (Valle del Cauca).

La Iglesia Católica ha analizado la situación de la frontera entre Colombia y Ecuador y su diagnóstico es preocupante. El narcotráfico, la cultura del dinero fácil y el armamentismo dominan esta zona donde los derechos humanos aún son asignatura pendiente.

En el país más feliz del mundo, de acuerdo con algunas encuestas, cada hora mueren dos personas en hechos violentos. Al día, 48 colombianos yacen fríos en el pavimento, fulminados por una bala, un puñal. El año pasado, 17.717 colombianos perdieron la vida violentamente.

Las llamas destruyeron al menos 65 viviendas y dejaron daños en otras 11 y en tres comercios del municipio de Río Sucio, Chocó, el domingo 2 de mayo. El Gobierno creó un banco de materiales para ayudar a afectados.