La guerra: destierro y saqueo
Realidad paradójica es la que se vive hacia los años finales del siglo pasado y en los inicios del presente, al tiempo que se avanza en la titulación de los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, paralelo a ello, los ejércitos oficiales, los paramilitares y guerrilleros se disputan el control de esas mismas áreas. En la lógica que a lo largo del siglo XX caracteriza la ampliación de la frontera agrícola y la integración de regiones asumidas como espacios marginales al mercado nacional, a sangre y fuego se integran nuevos territorios, el desplazamiento forzado se constituye en la herramienta para que nuevos actores sociales apropien tierras y recursos, todas las formas de violencia cobran vida y se ponen al servicio del proyecto de destierro y saqueo .
Dos casos se pueden identificar como el paradigma del nuevo modelo, uno es el que se presenta en los territorios colectivos de Curbaradó y Jigüamiandó, otro es el que ocurre en los territorios de resguardos indígenas en los municipios de Carmen de Darién y Murindó. Estos dos casos, si bien expresan de forma clara una política, no son excepcionales, y al contrario, enseñan sobre una realidad que actualmente se vive a lo largo de la región y que tiene diversas formas de manifestarse como es el caso del establecimiento de cultivos de uso ilícito, la minería con tecnología de retroexcavadora, la extracción de maderables, el control de corredores para el narcotráfico y en general el dominio sobre el territorio y sus recursos que adquieren valor como renta para el funcionamiento de los ejércitos.
El análisis de la situación que vienen experimentando las comunidades negras en Jigüamiandó y Curbaradó, los mismo que los indígenas de la zona aledaña en Carmen de Darién y Murindó, es el que existe una política gubernamental claramente orientada a revertir los derechos colectivos y a generar condiciones para que el gran capital se establezca en esos territorios. Proyectos económicos que se constituyen en el objetivo de fondo de la práctica de guerra, es decir, el control militar no es más que una forma de garantizar que un modelo de desarrollo expropiatorio encuentre, por medio del desplazamiento forzado y la violencia, condiciones para su establecimiento.
Los casos señalados en los que el megaproyecto hace explícita la política, no significa que tal realidad no pueda verse en diversas situaciones a lo largo de la región, es así como la minería de baja tecnología se ha constituido en oportunidad económica para los grupos ilegales, los cuales constituyen esta actividad en renta que les permite reproducir sus estructuras y mantener el control sobre el territorio. De la misma forma el establecimiento de cultivos de coca, con impacto en la autonomía territorial de indígenas y afrodescendientes, conlleva a que se generen situaciones de dependencia de las comunidades al degradarse los sistemas de producción tradicional y al asumirse un nuevo modelo de relaciones sociales y económicas.