Hacia un ordenamiento territorial que hace visible lo étnico y cultural

Es en la década de los ochenta del siglo pasado es el momento en el que aparece en la región un movimiento social que interroga sobre los derechos territoriales, culturales y políticos de la población. Movimiento social que nace como mecanismo de resistencia ante la amenaza que sobre los pueblos indígenas y las comunidades de afrodescendientes se cierne, ya sea por el avance de las empresas extractivas o ya sea por el modo como el Estado concibe el proyecto de desarrollo regional. Las nuevas formas de organización de la población se plantean como problema de fondo la defensa del territorio tradicional, acción que se enmarca en el contexto de una política de tipo cultural que va a llevar a la movilización de la población entorno a hacer visible su lugar en la sociedad nacional y a plantear el problema de su participación en la construcción de las políticas que les afectan.

En este nuevo escenario irrumpe en una primera fase la organización de los pueblos indígenas y el nacimiento de la Organización Regional Embera Wounann OREWA marca un hito en la historia regional, con un impacto significativo en cuanto en el curso de muy pocos años el proyecto de la defensa del territorio tradicional se enarbola como reivindicación del conjunto de la población rural y el modelo de organización, de tipo asociativo y de naturaleza étnica, se adopta a lo largo de la región en el universo de la población de afrodescendientes y en general por los pueblos indígenas . Este proyecto encontrará su síntesis en la Constitución Política de 1991, momento en el que el territorio de comunidades negras es reconocido como propiedad colectiva, a la vez que aparece en la construcción estatal este segmento de la población identificado en su especificidad cultural y en ejercicio de derechos como sujeto colectivo.

Los resultados de la acción que, en el curso de las décadas de los ochenta y noventa, emprende el movimiento social indígena y de comunidades negras se podrá ver en las transformaciones que se experimentan respecto al ordenamiento del territorio, es así como hacia los inicios del milenio cerca del 70% del territorio del Pacífico se ha titulado como resguardo o como territorio colectivo de comunidades negras. Las cerca de 7.000.000 de hectáreas, en las que las comunidades ejercen autonomía y gozan de derechos en el manejo de esas áreas, se inscriben en una nueva lógica en la que se asume como premisa el que el Estado garantiza a las comunidades el derecho a decidir sobre el uso y manejo de su territorio, pero sobre todo a participar en el estudio de proyectos agenciados por el Estado o iniciativas empresariales que tengan impacto en sus vidas. Esta nueva visión, que aparece desde el momento en el que el Estado suscribe el Convenio 169 de la OIT y en el contexto de la Constitución Política de 1991, es verdadera ruptura en el modo de representarse la región y aparentemente la visión de espacio de frontera por colonizar es historia del pasado.